
El caso se originó en 2014, cuando, tras un allanamiento en el barrio Parque Industrial de Neuquén capital, se hallaron más de 100 gramos de cocaína, lo que derivó en una acusación por tenencia de estupefacientes con fines de comercialización.
Sin embargo, el proceso judicial estuvo plagado de demoras y errores. No fue hasta 2015 cuando se realizó el peritaje inicial, y la indagatoria no se llevó a cabo hasta 2017. A pesar de estos avances, la causa volvió a estancarse hasta 2020, cuando la mujer fue procesada. Ese mismo año, se declaró nulo el allanamiento, alargando aún más los plazos del proceso.
El retraso extraordinario del caso fue una de las razones clave para que la defensa solicitara el sobreseimiento por insubsistencia. El Tribunal Federal aceptó el pedido, subrayando la falta de celeridad en un caso que involucraba a una sola imputada. La defensa criticó los tiempos muertos en el proceso, señalando que entre la indagatoria y la elevación a juicio transcurrieron más de seis años.
Incluso el Ministerio Público Fiscal coincidió con el pedido de la defensa, remarcando que el compromiso de investigar y sancionar delitos debe realizarse dentro de plazos razonables, sin violar los derechos procesales garantizados por la constitución y normativas internacionales.
Este caso es un ejemplo del impacto negativo de las demoras judiciales en la resolución de delitos de narcomenudeo. La dilación no solo afecta la justicia, sino que también deja a los imputados en un limbo judicial indefinido. Frente a este tipo de situaciones, el Consejo Estratégico de Implementación (CEI) ha impulsado un proyecto para que las provincias puedan investigar y procesar con mayor agilidad los delitos menores relacionados con el narcotráfico.
El CEI trabaja en la elaboración de propuestas que buscan reformar el sistema judicial a nivel provincial, dotando de más recursos a los operadores judiciales y a las fuerzas de seguridad para abordar con eficacia el narcomenudeo. Esta iniciativa incluye la creación de anteproyectos de ley, la capacitación de operadores judiciales y la adopción de modelos exitosos ya implementados en otras provincias.
El caso de la jubilada neuquina pone de manifiesto las fallas estructurales del sistema judicial en relación a la investigación de delitos menores. La demora en la resolución de la causa no solo afecta a los acusados, sino también a la percepción pública de la justicia. La iniciativa del CEI para mejorar la celeridad en los procesos relacionados con el narcomenudeo representa un paso necesario hacia un sistema más eficiente y justo para todos.
Fuente: El patagonico