Este proyecto reemplazaría la ley vigente de 1980, que establece que los menores de 16 años no son punibles, y entre 16 y 18 años, solo bajo ciertas condiciones.
Con el nuevo régimen, se establece la punibilidad para adolescentes desde los 13 años, con medidas que buscan su resocialización y educación. Entre estas se incluyen programas de orientación educativa, formación ciudadana y laboral, asistencia médica y psicológica, y actividades recreativas para su desarrollo personal.
En casos donde el delito no implique violencia grave o muerte, y las penas no excedan los seis años de prisión, se podrán reemplazar las penas de prisión por medidas complementarias. Algunas de las sanciones previstas incluyen prohibiciones de contacto con la víctima, monitoreo electrónico, servicios comunitarios, y prohibición de conducir o asistir a ciertos eventos.
El proyecto pone especial énfasis en la reintegración social de los adolescentes. Las sanciones no son meramente punitivas, sino que buscan educar y formar a los menores en conflicto con la ley, fomentando su inserción laboral y su compromiso con la sociedad.
Para los casos donde se imponga la privación de libertad, el proyecto asegura que los adolescentes sean alojados en institutos especializados. Estos centros garantizarán su educación y evitarán el contacto con adultos detenidos, promoviendo un tratamiento orientado a la resocialización.
El régimen penal juvenil argentino es uno de los más indulgentes de la región. Mientras que en países como Brasil y México la edad mínima de imputabilidad es de 12 años, en Argentina sigue siendo de 16 años, lo que ha generado debates sobre la necesidad de reformar la normativa y adaptarla a estándares internacionales.
El proyecto se fundamenta en el principio de que la educación y el trabajo son esenciales para evitar la reincidencia. Por ello, promueve la participación en programas de formación ciudadana y laboral, permitiendo a los adolescentes comprender sus derechos y deberes en la sociedad.
Este nuevo Régimen Penal Juvenil plantea una reforma integral, enfocada en la resocialización y rehabilitación de los adolescentes en conflicto con la ley. La implementación de medidas educativas y laborales es clave para garantizar su reintegración, reduciendo la criminalidad juvenil y fomentando un futuro de paz y respeto por la ley.