La resolución, publicada hoy en el Boletín Oficial bajo el número 1023 y firmada por el ministro de Defensa, Luis Petri, incluye tanto a los caídos como a los heridos con lesiones graves o gravísimas.
El atentado, conocido como "Operación Primicia", fue perpetrado por un grupo de aproximadamente 30 montoneros que, con la complicidad de un soldado, ingresaron a la unidad militar en busca de armas y con el objetivo de generar un fuerte impacto político. El ataque dejó un saldo trágico: 12 militares y un policía fueron asesinados, junto con tres civiles ajenos a la acción. Entre los caídos se encontraban el subteniente Ricardo Massaferro, el sargento Víctor Sanabria y los soldados Hermindo Luna, Antonio Arrieta, José Coronel, entre otros.
El ataque ocurrió durante el gobierno de María Isabel Martínez de Perón, aunque en ese momento el poder estaba en manos de Ítalo Luder, debido al retiro temporal de la presidenta. Al día siguiente del ataque, el Ejecutivo emitió los decretos 2770, 2771 y 2772, que establecían la creación de un Consejo de Seguridad Interior y la orden de "aniquilar el accionar de los elementos subversivos".
Este reconocimiento cierra una lucha que comenzó en 2010, cuando diversos proyectos de ley en el Congreso buscaron otorgar indemnizaciones a los familiares de las víctimas del ataque. En diciembre de 2019, antes de dejar el gobierno, Mauricio Macri firmó el Decreto de Necesidad y Urgencia 829, estableciendo estas indemnizaciones como una forma de "mitigar el dolor y la tristeza" por años de olvido.
No obstante, la medida no fue implementada durante el gobierno de Alberto Fernández. Según Mario Arce, exdiputado formoseño y autor de uno de los proyectos, “no hubo voluntad política” para avanzar con las indemnizaciones. Con la firma de esta nueva resolución bajo el gobierno de Javier Milei, se concreta finalmente el reconocimiento para las familias y veteranos del ataque.
Los veteranos del ataque, muchos de los cuales formaron un centro de excombatientes en Formosa, han reclamado durante años mayor reconocimiento y justicia. Sostienen que defendieron la patria en un momento de gran tensión política y social, y que hasta hoy conviven con las secuelas físicas y psicológicas de aquel violento episodio. Además, exigen que este hecho histórico se incorpore en la currícula escolar y se establezca un museo que lo conmemore adecuadamente.
Asimismo, denuncian que algunos familiares de los atacantes han recibido indemnizaciones como víctimas del terrorismo de Estado, lo que consideran una grave injusticia. Para ellos, esta nueva indemnización es un paso más en una larga lucha que aún continúa.