Según Manuel Piris, vocal en representación de los empleados provinciales activos mencionó que “fue con sentimientos muy encontrados justamente por lo que significó el hecho de recibir un instrumento legal en Casa de Gobierno, cuando ha sido un lugar en el cual hemos luchado tanto para que nos escuchen a veces y para que nos reciban una nota otras tantas”.
Luego de la asunción los vocales fueron notificados de la primera reunión de directorio, que será durante este miércoles 18 de septiembre.
En cuanto a su relación con el Presidente de la Caja de Servicios Sociales, indicó que “él sabe todas las declaraciones que hemos tenido nosotros, que estamos en desacuerdo. Son todas críticas, obviamente a su gestión pero siempre con respeto y con altura, y esperando que algunas cosas se puedan retrotraer”.
En este sentido Piris subrayó que “no hay que ser rígido con las decisiones de la Caja, con las decisiones de Salud, porque justamente todas las personas no son iguales. No podemos hablar de un vademécum cerrado porque hay muchas cosas que hay que tomar en cuenta, pero lamentablemente vinieron a recortar gastos, lo agarraron por el hilo más fino y al que más afecta todo esto es al afiliado”.
En la primera reunión de directorio, Piris mencionó que se pedirá que se recapacite. “Esto no es una obra social privada, esto genera también sus gastos, también es parte de la política del Estado, porque es una obra social y estatal que tiene un fin solidario y en la cual los trabajadores no pueden elegir otra obra social; entonces el Gobierno, los municipios, tienen que responder a sus afiliados también”.
Es así que aseguró que ya se pudo tener los números exactos de las deudas que se mantienen por parte de los municipios y sobre todo el número entendiendo de las altas que todavía faltan. “En las altas que faltan hablan de un promedio de más de 3000 personas, trabajadores municipales de casi todas las localidades tienen pendientes las altas en la en la obra social, por eso los números de deuda son cifras millonarias”, y mencionó que sólo de Río Gallegos tendría que tener y depositar $200.000.000 por mes, que no lo hace, más la deuda histórica. “Y así todos los municipios, y cuando van sumando son cifras siderales que realmente si se recibiera únicamente el aporte mensual como corresponde de cada localidad, la obra social no tendría que tener ningún problema, eso sin contar la deuda histórica”, remarcó.
“El empleado que no es dado de alta está sufriendo una estafa legal y una estafa moral con respecto al no poder usufructuar de la obra social. Hay niños que están sin obras sociales. Esto también es un atentado a pactos internacionales de protección al niño o al menor en las leyes nacionales. Por eso estamos decididos a agotar la medida administrativa, pero también iniciar acciones legales de ser necesario, en contra de los intendentes que no cumplan con sus obligaciones de funcionarios públicos y con las deudas que tienen”.