Belarde impulsa reforma para renovar al juez de Defensa del Consumidor cada tres años

El presidente del Concejo Deliberante de Caleta Olivia, Facundo Belarde, presentó un proyecto de ordenanza que busca limitar a tres años el mandato de los jueces de Faltas y de Defensa del Consumidor en Santa Cruz. Según los considerandos del documento, "el mandato vitalicio genera complacencia y abuso de poder".

El proyecto propone que el juez de defensa del consumidor, actualmente Pablo Calicate, tenga un mandato de tres años desde su designación, con la posibilidad de una renovación por un período adicional de igual duración.

El texto argumenta que esta medida "permite la incorporación de nuevas ideas y enfoques que reflejen los cambios en la ley 24.240 de defensa del consumidor", una normativa que ha evolucionado para adaptarse a las nuevas realidades del mercado y a las necesidades de los consumidores.

El documento también resalta que la renovación periódica del juez garantizaría que la interpretación y aplicación de la ley "se mantengan actualizadas y alineadas con los cambios legislativos y sociales". Además, se enfatiza que un mandato vitalicio "puede resultar en una interpretación menos ágil frente a los cambios legislativos", lo que podría impactar negativamente en la efectividad de la ley.

Entre los fundamentos del proyecto, se menciona que "la periodicidad del mandato fomenta una mayor rendición de cuentas del juez en la aplicación de la ley de defensa del consumidor" y que la limitación del mandato a tres años "ayuda a prevenir el abuso de poder y la complacencia, especialmente en la aplicación de una ley tan crucial como esta". El texto advierte que un juez vitalicio "puede desarrollar una actitud autoritaria y parcial", mientras que la rotación periódica del cargo "promueve la inclusión de nuevos individuos, quienes pueden aportar diferentes enfoques".

Requisitos nuevos para ser juez de Defensa del Consumidor

En cuanto a los requisitos para el cargo, el proyecto estipula que los postulantes deben contar con un título profesional expedido por una Universidad Nacional de la República Argentina, habilitante para ejercer en el ámbito nacional, siendo aceptables los títulos de abogado y procurador jurídico. Asimismo, el juez de defensa del consumidor podría ser removido por causales como inhabilidad física o mental, conducta irregular, violación de deberes, y falta de idoneidad, entre otras, decisiones que serían tomadas por una comisión de enjuiciamiento.

Este proyecto, que busca establecer un límite temporal para el cargo actualmente ocupado por Calicate, quien lleva más de una década en la posición, ha generado un intenso debate en la comunidad.