Según la denuncia de la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas (AAdeAA), Halavacs, ex productor y fundador de la consultora Huila, gestionó el 40% de los permisos de tala en la provincia entre 2014 y 2021. La denuncia lo vincula con una red de corrupción que incluye a funcionarios como Luciano Olivares, asesor del ministro, y otros destacados políticos chaqueños.
La jueza Zunilda Niremperger, a cargo del caso, emitió una medida cautelar que suspende por tres meses todos los desmontes en la provincia, argumentando que continuar con la tala podría causar un daño irreversible al ecosistema. Además, ordenó al gobernador Leandro Zdero supervisar el cumplimiento de esta medida. La denuncia también apunta a irregularidades en la recategorización de parcelas que deberían haber sido manejadas de forma sustentable, según el ordenamiento territorial de bosques nativos.
Los denunciantes sostienen que las acciones de Halavacs y otros funcionarios han causado daños irreversibles a los ecosistemas, especialmente en la región del Chaco seco, promoviendo la desertificación y afectando a la flora, fauna y habitantes locales. Enrique Viale, de la AAdeAA, subraya que esta situación revela un entramado de corrupción que involucra a políticos de distintas posiciones.
El gobernador Zdero, en declaraciones previas a la decisión judicial, reiteró su compromiso con el control de la tala y delegó en la Justicia la situación de Halavacs. Sin embargo, Viale y otros ambientalistas consideran que es insostenible que alguien con el historial de Halavacs sea la máxima autoridad ambiental de Chaco.