Según el informe, el Consejo Nacional Electoral (CNE) no cumplió con las disposiciones legales, y la falta de publicación de resultados detallados es "sin precedentes" en elecciones democráticas contemporáneas.
El panel también señaló que el sistema de votación electrónica, aunque diseñado con robustos mecanismos de seguridad, se vio afectado por la cancelación de auditorías clave, lo que impidió esclarecer la denuncia de un ciberataque. Además, se destacó la represión violenta tras las elecciones, que resultó en 25 muertos y más de 2000 detenidos.
El gobierno venezolano, a través de un comunicado emitido por el canciller Yvan Gil, rechazó categóricamente el informe de la ONU, calificándolo como un "acto de propaganda" en favor de intereses golpistas. Según la Cancillería, el reporte carece de veracidad y viola los principios de cooperación acordados con el Poder Electoral venezolano.
El gobierno también acusó al panel de expertos de mantener contactos con funcionarios del Departamento de Estado de los Estados Unidos, lo que, según ellos, deslegitima las conclusiones del informe y las convierte en una herramienta de injerencia extranjera.
La crisis electoral en Venezuela se agrava con la publicación de este informe, que cuestiona la legitimidad del proceso y pone en duda la estabilidad política del país. Las acusaciones de fraude, la represión y la falta de transparencia en la gestión de los resultados crean un escenario de incertidumbre que podría tener consecuencias profundas para el futuro del país y su relación con la comunidad internacional.