Descubren presunto fraude millonario en obras sociales por subsidios de transporte

Estos subsidios, provenientes del Fondo Solidario de Redistribución (FSR), habrían sido inflados de manera desproporcionada, alcanzando un monto de $14.480.200.798 por un total de 28.680.480 kilómetros recorridos en un solo mes. Esta cifra equivale a 74.61 viajes a la Luna, una cantidad de kilómetros imposible si se considera que los centros de atención suelen estar a pocos kilómetros de los domicilios de los beneficiarios.

Fraude millonario en subsidios de transporte

La investigación reveló que el supuesto fraude involucra a 32.518 beneficiarios con discapacidad, cuyas obras sociales presentaron facturas desmesuradas por servicios de transporte. Cada afiliado habría generado, en promedio, más de 800 kilómetros facturados por mes, un dato que levanta sospechas de sobrefacturación. Incluso se han encontrado casos en los que se facturaron más de 3.000 kilómetros por persona, una distancia comparable a un viaje desde Buenos Aires hasta Tierra del Fuego.

Medidas para fortalecer el control y la transparencia

Ante esta situación, la SSS ha decidido implementar controles más estrictos. A partir de ahora, la documentación deberá ser presentada de forma digital, permitiendo a la Superintendencia verificar la legitimidad de las facturas a través de los servicios de la AFIP. Además, cualquier anomalía detectada en las facturas no verificada por la obra social resultará en una detracción automática de fondos.

Las autoridades también investigan posibles desviaciones en la facturación de servicios no incluidos en el mecanismo de integración para personas con discapacidad. Estos servicios habrían sido facturados y aceptados por las obras sociales como si estuvieran cubiertos, lo que implica un uso indebido de los fondos del FSR.

Recuperación del rol fiscalizador de la SSS

El actual superintendente de la SSS, Gabriel Oriolo, junto a su equipo, ha dejado claro que no se permitirá más "curros" con el dinero público. Este esfuerzo por recuperar el rol fiscalizador del organismo apunta a lograr un Fondo Solidario de Redistribución más transparente y eficiente, que cumpla su objetivo original: apoyar a las obras sociales en la cobertura de tratamientos complejos y de alto costo, especialmente aquellos destinados a personas con discapacidad.