
Esta caída supera ampliamente el descenso del 32% en la concurrencia total a los cines del país, que incluyen grandes producciones internacionales.
El gobierno de Javier Milei utilizó estas cifras para justificar una drástica reestructuración del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA). Según el Ministerio de Desregulación y Modernización del Estado, dirigido por Federico Sturzenegger, "no se financiarán más películas que no capten la atención del público". De las 241 películas nacionales estrenadas en 2023, 136 no superaron los 1,000 espectadores, y 17 ni siquiera alcanzaron los 100.
La reforma del INCAA incluye un enfoque más estricto en la financiación, introduciendo el decreto 662/24, que ajusta la distribución de subsidios para el cine nacional. En la primera mitad de 2024, los subsidios a producciones nacionales se redujeron un 75%, pasando de $7,766 millones a solo $1,953 millones. Esta drástica reducción responde a la necesidad de "utilizar los recursos de manera más eficiente y promover una producción audiovisual competitiva", según el Gobierno.
La menor asistencia a los cines afectó gravemente los ingresos del INCAA. La recaudación por venta de entradas se desplomó un 82%, de $2,472 millones en el primer semestre de 2023 a solo $439 millones en 2024. Este descenso acentúa la necesidad de reestructurar la financiación del cine nacional, dado que el 74% de los gastos del INCAA fueron destinados a sueldos, una proporción que el Gobierno busca reducir drásticamente.
El decreto 662/24 establece que las productoras deberán financiar al menos el 50% de sus proyectos con recursos propios, limitando el acceso a subsidios. Además, se implementará un tope máximo de financiamiento y se exigirá que las productoras devuelvan el dinero si su película no tiene audiencia después del estreno. Con estas medidas, el Gobierno busca orientar la industria hacia producciones que realmente interesen al público, promoviendo una mayor responsabilidad y competitividad en el sector.