Autoridades de SPSE encuentran las puertas cerradas en Fiscalía

Las autoridades de Servicios Públicos Sociedad del Estado (SPSE) se vieron frustradas en su intento de formalizar la denuncia por el robo de agua potable en Caleta Olivia. El presidente de SPSE, Jorge Avendaño; el gerente general de administración, Pablo Gordillo Arriagada; y el gerente de distrito de Caleta Olivia, Alejandro Mamaní, se presentaron ayer en la Fiscalía de Caleta Olivia, perteneciente al Juzgado de Instrucción número 2 de la localidad.

Su objetivo era formalizar las denuncias penales contra los supuestos responsables de robar el agua potable destinada al consumo familiar para poder venderla luego de forma privada. Sin embargo, al llegar a la Fiscalía, les informaron que no había fiscales disponibles en ese momento y que los recibirían mañana para tomar su reclamo.

La respuesta de los funcionarios judiciales causó indignación en el gobierno. El gobernador Claudio Vidal había reclamado, justamente esta semana, que "la Justicia de Santa Cruz debe oír el reclamo del pueblo que pide por Justicia desde hace muchos años", en referencia a esta denuncia sobre una organización dedicada a robar el agua de todos los caletenses para venderla de forma privada.

Vidal se preguntó retóricamente: "¿A alguien le cabe duda que la Justicia de Santa Cruz es militante de la oposición, de los que gobernaron durante más de 30 años?". El mandatario aseguró que muchos funcionarios judiciales "responden políticamente a los que dejaron la provincia arrinconada el 10 de diciembre pasado".

Para los representantes de SPSE, la situación vivida hoy es "insólita" y se da justo en el día en el que el Tribunal Superior de Justicia le pidió una audiencia al gobernador para "conocernos y comprometernos juntos".

Fuentes cercanas al gobernador, indicaron que "lo curioso es que los miembros del Tribunal aseguraron que los constantes pedidos de celeridad que reitera el gobernador les causa desconcierto y ni siquiera pueden recibir una denuncia que tiene que ver directamente con la calidad de vida de los vecinos".

La carta de los miembros del TSJ, en efecto, indica que "han causado gran desconcierto, entre quienes integramos el Poder Judicial, sus reiteradas declaraciones en torno a la lentitud del sistema Judicial y a un supuesto apartamiento de nuestra función esencial que no es otra que solucionar, de manera imparcial e independiente, conflictos que se presentan entre los individuos o entre éstos y el Estado".

Según afirmó Claudio Vidal, "la falta de respuesta inmediata a un caso tan sonado y divulgado como el del agua en Caleta, demuestra que lo que sostengo es cierto".

La nota del Tribunal Superior de Justicia

El Tribunal Superior de Justicia de la provincia de Santa Cruz envió una extensa nota al gobernador Claudio Vidal solicitando una audiencia y manifestando su "desconcierto" por las reiteradas declaraciones del mandatario cuestionando el funcionamiento del Poder Judicial y acusándolo de lentitud y "apartamiento" de su función esencial.

En la misiva fechada el 10 de junio, los miembros del TSJ señalan que su pedido previo de reunión del 11 de diciembre de 2023 no fue respondido por Vidal. Destacan la necesidad de abordar diversas inquietudes sobre el funcionamiento del Poder Judicial y optimizar el servicio de justicia.

El Tribunal expresa su preocupación por las "reiteradas declaraciones" del gobernador relativas a la lentitud del sistema judicial y un supuesto alejamiento de su función primordial de resolver conflictos de manera "imparcial e independiente". Enfatizan que las decisiones judiciales deben responder únicamente a los hechos y el marco legal aplicable, sin injerencias externas.

Los magistrados defienden que sus fallos están sujetos a múltiples controles y revisiones, y que las garantías constitucionales buscan fortalecer el cumplimiento de sus deberes, no privilegiarlos. Además, señalan que las leyes no son escritas por el Poder Judicial y que la celeridad de los procesos depende de recursos humanos y económicos suficientes.

En este sentido, el TSJ menciona proyectos legislativos pendientes, como una Ley de Mediación y un nuevo Código Procesal Penal, que modernizarían y acelerarían los procesos judiciales. También resaltan la importancia de cubrir vacantes de jueces y abordar las necesidades edilicias para un mejor servicio de justicia. Asimismo manifiestaron su disposición al diálogo "franco y libre de injerencias indebidas" con el Poder Ejecutivo.