
Los trabajadores judiciales de la provincia de Santa Cruz se encuentran en pie de lucha tras rechazar la propuesta salarial del 6,5% realizada por el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) durante la reunión paritaria de este jueves. El gremio Judiciales calificó la oferta como "irrisoria" frente a la inflación actual y advirtió que no descarta profundizar las medidas de fuerza si no se presenta una oferta superadora.
En la jornada de hoy, los empleados judiciales realizaron un paro de "brazos caídos" en sus lugares de trabajo, manifestando su descontento ante la magra propuesta del TSJ. Según expresaron, la oferta no contempla las acordadas pendientes, los retroactivos adeudados ni el hecho de que el Poder Ejecutivo ya garantizó el presupuesto para el Poder Judicial.
"El TSJ volvió a ofertar una suma cifra irrisoria, teniendo en cuenta las acordadas pendientes que restan instrumentar, los retroactivos adeudados y que el Ejecutivo garantizó el presupuesto para el Poder Judicial", señaló el gremio en un comunicado. Además, criticaron que los representantes del Tribunal Superior solo ofrecieron instrumentar una acordada, a pesar de las deudas existentes.
La situación se agrava en un contexto inflacionario que continúa erosionando el poder adquisitivo de los salarios. A pesar de la desaceleración del IPC, los precios siguen aumentando, licuando los ingresos de los trabajadores judiciales día a día. "En la anterior paritaria, tampoco hubo una mejora en el ofrecimiento en un contexto en el cual la canasta básica para una familia tipo alcanza casi el millón de pesos en Santa Cruz", manifestaron desde Judiciales.
La próxima reunión paritaria está prevista para el 21 de mayo, donde ambas partes tendrán la oportunidad de acercar posiciones y alcanzar un acuerdo satisfactorio en materia salarial. De lo contrario, el conflicto podría agravarse, poniendo en riesgo el normal funcionamiento del sistema judicial en la provincia de Santa Cruz.
Graves denuncias de irregularidades en el Poder Judicial
El reclamo salarial no es la única preocupación del gremio Judiciales. Los trabajadores denunciaron una grave crisis institucional dentro del Poder Judicial santacruceño, acusando al Tribunal Superior de proteger a jueces y funcionarios involucrados en casos de violencia laboral, malversación de fondos y espionaje telefónico.
Según el gremio, "a las denuncias de violencia por parte de jueces y funcionarios, se añaden sumarios por mala praxis judicial a una defensora de Río Gallegos que continúa con este tipo de prácticas, que a pesar de los reclamos gremiales el Tribunal Superior de Justicia continúa protegiendo con total impunidad".
Otro caso adquiere ribetes de espionaje, ya que apuntan contra la Secretaria del Juzgado de Familia de Caleta Olivia, quien "impunemente graba a los trabajadores sin autorización y lo reconoce en un escrito de su propio puño y letra, que lo presenta como prueba, y que constituye una violación al derecho a la intimidad, es decir, un delito", remarcan los empleados de la justicia.
La denuncia incluye también a la jueza de Familia, Rosa González, "ya había sido denunciada por tener una causa de malversación de fondos mientras prestaba servicios en la función pública y aun así con estos antecedentes fue designada juez, siendo su secretaria la ejecutora de este último hecho", mencionan.
Además, consignan que continúan produciéndose "traslados ilegales de los trabajadores que se oponen a prácticas por parte del propio Tribunal, el cual debió dar marcha atrás ante la intervención del gremio, lo que dejó en evidencia la ilegalidad y arbitrariedad en la que incurren cuando pretenden proteger corporativamente a los jueces y funcionarios amigos".
Judiciales denuncia que el TSJ "no solo continúa negándose a realizar las inspecciones de cámara a los juzgados como se ha requerido desde el sindicato, sino a entregar los informes de las inspecciones que se realizaron en 2021".
Ante esta situación, el gremio exige transparencia y el cumplimiento de la ley por parte del máximo órgano judicial provincial. "Volvemos a exigir que dejen de ingresar personal de manera irregular, se llame en forma urgente a nuevo concurso amplio, democrático e inclusivo y se repare a quienes habiendo rendido examen han sido vulnerados negándoseles el ingreso cuando cumplieron los requisitos", manifestaron.
Advirtieron que "mientras continuemos observando cómo se violan los derechos, se burla a quienes rinden exámenes y se violenta a los trabajadores, este sindicato informará a la ciudadanía cada irregularidad".