Jubilados en la mira del Impuesto a las Ganancias: Una lucha por la constitucionalidad

En una entrevista con el abogado previsional Manuel Granillo Fernández, se ha vuelto a poner sobre la mesa un tema candente: ¿Deben los jubilados pagar Impuesto a las Ganancias? La discusión ha cobrado fuerza nuevamente, especialmente tras la reunión entre gobernadores donde se abordó este asunto.

Granillo Fernández expresa que la cuestión central es si es justo o no que los jubilados deban tributar ganancias. Desde su perspectiva legal, argumenta que este impuesto vulnera varios principios constitucionales. Señala que las jubilaciones no son ganancias propiamente dichas, sino una retribución por lo aportado durante la vida laboral. Además, sostiene que gravarlas con este impuesto implica una doble imposición y contradice la integralidad del haber jubilatorio, considerándolo inconstitucional.

Para abordar este problema, Granillo Fernández y su estudio han interpuesto acciones judiciales en nombre de jubilados, solicitando la inconstitucionalidad del impuesto y la restitución de lo cobrado indebidamente. Destaca que, hasta el momento, todas las sentencias obtenidas han sido favorables a los jubilados, ordenando la devolución de lo retenido.

La discusión también se centra en los montos establecidos para determinar si un jubilado debe pagar ganancias. Granillo Fernández explica que, si bien se han aumentado los mínimos imponibles, existe preocupación por la posibilidad de que se reduzcan nuevamente, lo que afectaría a más jubilados, especialmente en regiones con sueldos más altos como la Patagonia.

En cuanto a los pasos legales, se destaca que los jubilados que crean estar siendo afectados por este impuesto tienen la posibilidad de iniciar acciones judiciales. Granillo Fernández enfatiza que su estudio trabaja sin costos iniciales para los jubilados, cobrando honorarios solo en caso de obtener sentencias favorables.

Granillo Fernández insta a los jubilados a revisar sus recibos para detectar descuentos por ganancias y a contactar a profesionales legalmente capacitados en el tema para iniciar las acciones correspondientes a tiempo, considerando el plazo de prescripción.