“En Santa Cruz finalmente existen los fantasmas”

El Ejecutivo Provincial de Santa Cruz ha iniciado un proceso para la regularización de las cooperativas que mantienen contratos con el Estado, exigiendo a estas entidades la actualización completa de sus registros. En este contexto, únicamente cinco cooperativas se han presentado para cumplir con este requisito, lo que ha llevado a la decisión de lanzar una auditoría general.

La administración encabezada por el gobernador Claudio Vidal busca transparentar tanto la cantidad de asociados como la estructura de costos y la distribución de aportes en estas cooperativas. La medida responde a denuncias de trabajadores que han señalado bajos salarios, ausencia de liderazgo y posibles irregularidades en la gestión de los fondos.

El proceso de regularización, anunciado a mediados de diciembre a través del ministerio de Desarrollo Social, tiene como objetivo establecer una base de datos actualizada que abarque desde la cantidad de asociados hasta el cumplimiento fiscal, salarial y la calidad de los servicios ofrecidos por estas instituciones.

A pesar de la relevancia de esta iniciativa, hasta la fecha, sólo cinco cooperativas de un total que supera las cincuenta han respondido al llamado de regularización. Entre las entidades más contratadas por el Estado se encuentran las del ámbito educativo (6 cooperativas) y de la salud (16 cooperativas).

La ministra de Desarrollo Social, Jazmín Macchiavelli, al referirse a la escasa respuesta, lanzó una afirmación irónica: “Parece que en Santa Cruz finalmente existen los fantasmas y se refugian en las conducciones de las cooperativas”. Sus palabras apuntan directamente a los presidentes de varias de estas instituciones, de quienes resalta que solo se conoce de ellos cuando se emiten cheques para el pago de servicios. Además, señala la repetición de nombres de dirigentes sociales y políticos detrás de estas cooperativas, lo que genera interrogantes sobre su transparencia.

Ante esta situación, el próximo paso será una auditoría general impulsada desde el ministerio de Economía, a cargo de Marilina Jaramillo, por solicitud expresa del gobernador. La ministra de Economía subrayó la necesidad de un riguroso ordenamiento en estas cooperativas, con el fin de que ofrezcan servicios reales, estén representadas por personas verificables y distribuyan los aportes estatales de manera equitativa, garantizando salarios justos.

En palabras de la ministra Jaramillo, “el gobernador ha demandado un estricto ordenamiento de las cooperativas, para que aquellas que permanezcan - de las 53 existentes - operen adecuadamente y brinden los servicios necesarios”. Esta acción busca no solo garantizar la transparencia en el uso de fondos públicos, sino también asegurar que estas entidades cumplan con su función social de manera efectiva y justa.