Proyecto de Ley de Corredores Inmobiliarios en Santa Cruz

Pedro Uribe explicó a La Vanguardia Radio que la Ley de Corredores Inmobiliarios propuesta tiene como objetivo fundamental la profesionalización del sector. En 1999, a nivel nacional, se estableció que los corredores inmobiliarios debían realizar una carrera universitaria para ejercer. La creación del colegio brindaría a estos profesionales pautas claras de trabajo, normativas éticas, y un Tribunal Disciplinario interno para asegurar el cumplimiento de las reglas.

Uribe destacó la capacitación continua y la seguridad que esto brindaría a quienes requieren los servicios de corredores inmobiliarios. Esta Ley no solo beneficiaría a los profesionales, sino también a los usuarios, al proporcionar un lugar donde realizar reclamos en caso de malas prácticas. Es así que  la aprobación de la Ley de Corredores Inmobiliarios podría ser un paso significativo hacia la regulación y mejora de esta importante industria en la provincia.

En cuanto a la relación con las recientes modificaciones en las leyes de alquileres, Uribe aclaró que la ley de corredores inmobiliarios se enfoca en la profesionalización y no guarda relación directa con las normativas de compraventa o alquileres. Destacó la importancia de la carrera universitaria para ser corredor inmobiliario y la flexibilidad de estudiarla a distancia.

El diálogo se extendió a temas actuales del mercado inmobiliario en Santa Cruz. Uribe mencionó los desafíos enfrentados, como la escasez de oferta de alquileres debido a la inseguridad generada por cambios en las leyes. Explicó cómo algunos propietarios han retirado inmuebles del mercado de alquiler y han optado por la venta o alquiler temporario.

La conversación reveló también preocupaciones sobre estafas inmobiliarias en la era digital, donde la virtualidad facilita la publicidad fraudulenta. Uribe compartió casos recientes de inmobiliarias fraudulentas en Río Gallegos, subrayando la importancia de contar con profesionales debidamente registrados.

En relación con la Ley de alquileres, Uribe expresó su desacuerdo con las intervenciones del Estado en las negociaciones privadas, señalando que a menudo perjudican a todas las partes involucradas. Criticó la imposición de plazos y la bancarización de contratos, argumentando que estos costos terminan recayendo en los propietarios y, en última instancia, en los inquilinos.